"La ayuda internacional financia la ocupación ilegal" de Palestina

El pasado 2 de marzo, la Comunidad Internacional prometió 4.500 millones de dólares para paliar las consecuencias del último ataque israelí sobre Gaza. Esto se suma a los 5.147 millones gastados entre 1999 y 2004 y los 7.700 que se prometió invertir entre 2008 y 2010. En total, los países donantes hemos gastado casi 17.000 millones de dólares en sólo diez años para "enmendar" los desperfectos de los diferentes ataques que el Ejército Israelí ha llevado a cabo sobre Gaza y Cisjordania.

La cuantía va destinada a cubrir las necesidades básicas garantizadas por el Derecho Humanitario internacional: comida, medicina, agua, casa y vestimenta. Después de décadas sometida a continuos envites, la población de los territorios palestinos tiene probadas dificultades para reconstruir y desarrollar las infraestructuras requeridas por cualquier Estado.

Visto así, la "caridad" internacional parece innegable. No obstante, las principales organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes han emitido un comunicado (recogido en rebelion.org) denunciando que, con su dinero, los donantes internacionales se convierten en "cómplices" de las "acciones ilegales" cometidas por el Ejército Israelí, en violación de las leyes intenacionales de la guerra y la Convención de Ginebra.

Al pagar los desperfectos de los ataques, la Comunidad Internacional exime a Israel de las obligaciones que se derivan de su condición de Potencia ocupante. La Convención de Ginebra del 49 y las Regulaciones de la Haya, entre otros, regulan esta obligación:

"El derecho humanitario internacional considera que la potencia ocupante es responsable de todos los aspectos del orden público y de la vida civil. Este requisito, codificado por primera vez en el Artículo 43 de las Regulaciones de La Haya, estipula que la potencia ocupante tiene una obligación específica respecto, entre otras cosas, el mantenimiento y suministro de infraestructuras, sanidad, educación, calidad de vida, alojamiento y obras públicas".

Como suele ocurrir con el Derecho Internacional, de aquí se deriva una paradoja. Pues una potencia ocupante, por definición, ha adquirido este estatus por medio de la vía militar (invasión, guerra etc) y, por esencia, es proclive a mantener su posición a través de la fuerza. En el caso palestino, Israel se mantiene en Gaza mediante el control de sus fronteras y sus recursos y mediante acciones militares como la del pasado enero.

Se da, por tanto, la eterna secuencia de destrucción-reconstrucción-destrucción... Ya que Israel ataca y destruye y, después, debe pagar el arreglo de lo que ha destruido:

"...En caso de que la potencia ocupante destruyera estos elementos esenciales, está obligada a repararlos para facilitar una vida normal. Esto es acorde con el requisito de status quo ante bellum de las leyes de ocupación que estipula que la potencia ocupante debe restaurar un territorio ocupado hasta llegar a la situación previa a la guerra y en caso de que la ocupación persista durante un prolongado espacio de tiempo, debe permitir su desarrollo. Por consiguiente, la reconstrucción a consecuencia de la destrucción es una obligación específica de la potencia ocupante."

Para cualquier Estado es casi insostenible el gasto de pagar lo que se destruye a lo largo de cuarenta años. A no ser, claro, que tengas buenos "amigos" que saquen la cartera cuando toca pagar la cuenta, permitiéndote así mantener tu estrategia con el mínimo gasto.

Según plantean las entidades firmantes del comunicado, no se trata de dejar de prestar la ayuda que permite vivir a la población de Gaza, sino de evitar convertirla en ayuda a la perpetuación infinita del statu quo de Palestina. Para dejar de ser meros tesoreros de los ataques de Israel, los donantes deben, para empezar, exijirle el mantenimiento de sus obligaciones como Potencia Ocupante y, en segundo lugar, el cumplimento de toda la ley internacional.

En resumen, se trata de sustituir "lismona y caridad" por acción política verdadera.