¿Por qué una convergencia ciudadana anti neoliberal?

Es tema de estudio general que la noción de Soberanía Popular ha sido uno de los mayores triunfos de la Historia. Un sistema basado en esta idea puede ser la democracia (del griego 'demos', pueblo y 'kratós', poder o gobierno), en su forma directa, indirecta o participativa, u otro modelo que, bajo cualquier nombre, signifique lo mismo: que la Política, es decir, la gestión de "lo público", sea ejercida por la sociedad, el pueblo soberano.

Un sistema de democracia indirecta tiene muchos y grandes defectos, y hay opciones políticas que lo rechazan. Pero un modelo de democracia falseada, pervertida, como el actual, no tiene positivos posibles. El Poder ha pasado del pueblo soberano a ese ente llamado "mercado", con intereses diametralmente opuestos al 'demos' y favorecedores de unos pocos. La esfera de lo privado (en su dimensión más económica) se ha adueñado de la gestión de lo público, arrinconando nuestra libertad real y efectiva.

Esto ya lo sabemos, como también sufrimos sus consecuencias directas en el recorte de derechos civiles, políticos y sociales, entre otros. Urge, por tanto, que el pueblo recupere su Poder legítimo. La ciudadanía (concepto que, por cierto, merece ser revisado y ampliado), debe hacer "política", la real, la que se hace en las calles y en las asambleas, desde los núcleos más locales hasta la amplia esfera de lo estatal y, hoy también, lo universal.

Este es, en resumen, el espíritu de la iniciativa "Mesas de Convergencia Ciudadana" o "Convergencia Social", que ha tenido hoy el pistoletazo de salida. El desencadenante inmediato ha sido la actual crisis y las  medidas reaccionarias impuestas, reflejos del capitalismo neoliberal vigente. La acción propuesta es la creación de una red nacional de "mesas de convergencia" dispersas por todo el territorio, a nivel local o incluso de barrio. Unos espacios abiertos de encuentro y debate construidos sobre el principio que inspire a quienes nos consideramos de izquierdas: "olvidemos lo que nos separa y recordemos lo que nos une" (en palabras del catedrático de economía Juan Torres). De ahí el carácter "convergente" de esas mesas o foros de discusión local, que pretende ser un caldo de cultivo para iniciativas y propuestas que modifiquen el ámbito político y económico.

El modelo de trabajo es, como ha explicado Tomás Rodríguez Villasante, el de "democracia participativa". No hay jerarquías, hay comunicación horizontal, debe prevalecer el consenso por encima de la votación y el reparto de tareas para crear un clima de responsabilidad cooperativa. Una "Coordinadora" estatal, con un papel meramente administrativo, no directivo ni decisorio, mediará entre todas estas mesas para favorecer la acción común en lo necesario. Hoy se ha puesto en marcha una Coordinadora transitoria para gestionar las conclusiones extraídas de la Asamblea inicial, pero el diseño está en proceso y abierto a todos. Se crea así una estructura de comunicación horizontal a nivel nacional: a través de la Web que habilitará foros y otros canales, las mesas dispersas por el territorio podrán intercambiar ideas y debatir propuestas y medidas. De este modo, además de actuar sobre lo local (el barrio, Ayuntamiento, provincia), se consigue un enfoque estatal de acción. Como la la página web (aún no terminada) tiene toda esta información, no hace falta entrar en detalles, pero sí observar los recelos que se han planteado.

Por un lado, el miedo a que un movimiento civil sea "absorbido" por algún partido político y usado con fines meramente electoralistas. Dada la sede escogida en la Asamblea (la de Comisiones Obreras) y dado que uno de los promotores es un partido, Izquierda Unida, estos miedos son razonables. No obstante,  por parte de quien escribe, la respuesta es clara: este movimiento debe consistir en Política real, hecha por ciudadanos que hagan efectivas sus demandas a través de la presión sobre los políticos, y no que sirvan a los intereses particulares de niguno. Por lo tanto, lo que se necesita es una base social fuerte y amplia, de carácter heterogéneo: cuanta más gente participe en los barrios y  ciudades, en sinergia con otros movimientos civiles ya existentes, más presente y más plural será el papel de la sociedad.

Por otro lado, como se ha insistido hoy, el objetivo de esta red ciudadana es buscar los puntos comunes que hay en las diferentes visiones de la izquierda, huyendo de sectarismos que obstaculizan una lucha común: la lucha por una comunidad "social", de derechos de todos y no de privilegios de unos pocos y donde el pueblo recupere el poder que le ha sido usurpado. Sin embargo, la base mínima común que propone el "Llamamiento" ya incorpora puntos no compartidos por algunas opciones (una ideología anti estatalista no aprobaría luchar desde el marco del Estado y con los cauces que ofrece). A este respecto, sólo me surge una idea tríptica: diálogo, debate y acción; es posible que, en el marco de la comunicación, se encuentren puntos comunes básicos de actuación. Llamémosle "cooperación" en lugar de "convergencia" si queremos, pero hagamos algo. 

Porque hay algo que todos sí tenemos en común, que esta política hecha por estos políticos nos 'jode'. Como dijo un miembro de la Plataforma de Parados de Murcia, el eslogan del Gobierno actual (y el de antes, y el de los que podrán venir) es "os quitamos derechos, pero es por vuestro bien; os estamos 'jodiendo', pero es por vuestro bien". Pues el "bien" que nos dan no es el que queremos, así que no nos queda otra que construirlo nosotros.  Porque la alternativa, de seguir inactivos, no es en absoluto esperanzadora.

 

(Imagen del genial grafittero Banksy )

Las falacias de la Reforma Laboral ( y II)

Falacia: 1 f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien. 

La Reforma Laboral anunciada en septiembre de 2010 no sólo es poco democrática en su proceso de elaboración (esbozado en la entrada anterior) sino que es falsa en su planteamiento y manipuladora en su contenido: resta derechos a los trabajadores y deja amplio margen de acción y decisión a las empresas, construyendo un tejido laboral más débil si cabe y una población en edad activa (aquella que debe cotizar 38.5 años y pagar la pensión a los que hoy, aún, la gozan) cada vez más vulnerable. Vayamos por falacias:

Falacia nº 1: "El objetivo principal de la reforma es mejorar el empleo". En efecto, esta es la finalidad que parecen perseguir los sucesivos gobiernos con una normativa en constante cambio. Hasta la fecha, ningún intento ha dado resultados. Ya en 1984 se modificó la ley para abrir la mano a los contratos de temporalidad, sobre los que pesaba un régimen estricto. Como respuesta, el mercado se lanzó a abusar de la contratación temporal hasta el punto de que, para 1994, los contratos temporales suponían en torno al 30% del total (sin contar los "trabajadores fijos discontinuos" que son, de facto, temporales). Esta medida NO produjo un efecto en la mejora de la situación de los trabajadores españoles. 

Una década después, en 1994, se produjo la reforma más importante hasta la fecha (más, incluso, que la actual). Se insistió en facilitar el contrato temporal y, además, se fomentó la flexibilidad  en el manejo de los trabajadores en contrato indefinido: más facilidad para los despidos por causas objetivas, que no requieren de autorización estatal. En síntesis, esta reforma siguió la tendencia a la desregularización y retraimiento del Estado para dar protagonismo a las negociaciones colectivas.

Ninguna de estas reformas contribuyó a aumentar el empleo sino que empeoró las condiciones de quienes lo obtenían. Asimismo, una causa de este fracaso estriba en que, en gran medida, el nivel de empleo depende de los ciclos económicos que caracterizan a un sistema capitalista como el actual, y no tanto del marco normativo (como demuestra el auge en la contratación desde mediados de los noventa hasta 2008, debido a la burbuja inmobiliaria y financiera.) Lo que éste sí puede hacer es mejorar la "calidad" de los contratos y la situación del trabajador y eh aquí la falacia nº 2:

"La reforma también pretende solucionar los defectos del mercado laboral". De hecho el mercado español es defectuoso, y mucho. Cabe mencionar el acertado diagnóstico de la situación que realizó el llamado grupo de "los cien economistas" el año pasado para acompañar su propuesta de reforma. (Un inciso: aún siendo presentada por economistas de reconocido prestigio, la  finalidad de esta propuesta debe entenderse a la luz de sus últimos promotores: los cien economistas pertenecen la llamada Fundación de Estudios de Economía  Aplicada, FEDEA, que está patrocinada por los principales bancos, petroleras y financieras españoles).

Volviendo al diagnóstico, que sí es acertado, éste describe que el gran cáncer del sistema es el exceso de temporalidad. Contratos de tres, cuatro o cinco meses que no sólo crean inestabilidad e incertidumbre en la vida de cualquier individuo sino que conllevan dos efectos: de un lado, el despido de estos contratos es muy barato para la empresa, con lo que el trabajador se ve constantemente expuesto a un despido improcedente. En segundo lugar, consecuencia de lo anterior, es que durante el periodo de relación laboral el empleado queda en una situación de plena vulnerabilidad. Ser un objeto (laboral) "barato", sujeto a la incertidumbre constante de un posible despido (o la no renovación) deja al individuo sin fuerza negociadora alguna, sin capacidad para decir "esta boca es mía", quejarse de unas condiciones injustas o denunciar una irregularidad. No hablemos ya, claro, de la posibilidad de sindicarse, presentarse a elecciones sindicales o participar en el proceso de política interna de la empresa. El empleado es aquí niente, nothing, keinmal. 

Como corolario, este análisis se completa con lo siguiente: el mercado laboral español está segregado. De un lado, hay una minoría privilegiada formada por aquellos trabajadores que tienen 20 o 30 años de antigüedad, un contrato indefinido y, por tanto, mejores indemnizaciones (aunque hoy día, hasta este punto se pone en duda...) Por otro lado, la gran mayoría en situación de precariedad: tradicionalmente, las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes componían este grupo. Hoy día, se expande más y más. 

¿Por qué es falaz la actuación del Gobierno? Sencillamente, porque reforma tras otra no sólo no ha logrado reducir la temporalidad sino que ha dañado aún más a los trabajadores, con medidas como la creación del famoso "Contrato de fomento". Esta modalidad fue lanzada en 1997 con el fin de fomentar la contratación de grupos vulnerables, como las mujeres. Para ello, el Gobierno rebajó la indemnización por despido para estos contratos, de los 45 días por año laboral (que se pagaba en los contratos indefinidos) a 33 días por año. La respuesta de las empresas fue abusar de este contrato, convirtiéndolo en sustituto del modelo indefinido y teniendo, así, una considerable rebaja por cada despido. Más precariedad para el trabajador. La reforma del 2010 insiste en esta fórmula pero antes, la falacia nº 3:

"La ley es eficaz para controlar la temporalidad". Empíricamente falso: la temporalidad se controla a fuerza de supervisar mejor al empleador. Resulta que, hoy día, un 90% de los contratos temporales son fraudulentos. El empleado muchas veces no conoce esta irregularidad y, si lo hace, no se atreve a denunciarla. En cualquier caso, el riesgo para la empresa ante este fraude es casi nulo pues se enfrenta, como máximo, a tener que convertir en fijo al empleado afectado. Al no haber conexión alguna entre el juez que detecta el fraude y el órgano de Inspección de Trabajo, los riesgos de sanción o procesamiento del empleador son casi inexistentes. La primera opción para éste, por tanto, es contratar en temporal, "que si me pillan, ya lo cambio".

4ª Falacia: "Esta reforma no recorta los derechos de los trabajadores" . Las medidas hablan por sí mismas:

- Contra el abuso de la temporalidad, apenas se impone una nueva limitación en la ley (que resulta inocua, como se ha explicado).

-Además, se abarata el despido debido a:

I. La universalización del "Contrato de fomento" de 33 días por año trabajado. Una medida que había sido creada para grupos concretos y, además, en de modo experimental (porque su eficacia no estaba asegurada), ahora es aplicable a todos. Así que, de entrada, se abarata el despido en 12 días.

II. La cofinanciación de esta indemnización. A partir del próximo julio, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), un órgano público,  financiará los despidos a las empresas, sean procedentes o no. Hay quien alega que éste Fondo se nutre de cuotas empresariales y que, por tanto, son ellas mismas las que pagan. De acuerdo pero, en primer lugar ¿por qué debería pagar una empresa responsable pagar el comportamiento improcedente de otra? ¿No las incita esto a  actuar así, "para aprovechar el gasto"? En segundo lugar, lo más importante: de esta manera, el precio por despido para la empresa responsable es menor y, por lo tanto, le será menos gravoso hacer un despido improcedente (de nuevo, menos riesgo para la empresa, más libertad de actuación).

III. Porque ahora hay más causas que entran en el despido objetivo. Por ejemplo, antes la empresa debía encontrarse en situación de pérdidas, ahora sólo "prever posibles pérdidas". El despido objetivo se indemniza con 20 días con año trabajado así que, cada vez más, las empresas podrán pagar sólo 20 días por año en lugar de los 45 que antes correspondía. ¡Son 25 días por año menos que se lleva  el trabajador! Esta medida ya se está aplicando y son muchos los despidos que ya se cuelan por "objetivos" cuando antes no cabía.

Con todo lo dicho, queda un último sarcasmo de quienes defienden que no se tocan los derechos sociales: "estas medidas sólo afectan a los nuevos contratos, luego quienes tengan uno con las condiciones anteriores, mantienen sus derechos, no se les toca". Bien, nos podemos quedar tranquilos, porque estos recortes sólo afectarán a las decenas de miles de personas que cada año se convierten en población activa y, en concreto, a los 4 millones de parados que hoy esperan encontrar trabajo.

Yo me pregunto: si mi padre tenía unos derechos que yo ahora no tengo, considero que ME HAN QUITADO esos derechos. Y como yo, tantos otros. Que no señores, que a mí no me la cuelan.

Las falacias de la Reforma Laboral I

"Falacia: 1.f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien."(Extraído de la RAE)

Vamos a presuponer el principio de buena fe en el Gobierno (y en la clase política en general) y vamos, por tanto, a creer que el Presidente Ejecutivo, los miembros de las Cortes y los sindicatos no han querido "dañar", así en crudo, a sus ciudadanos-votantes o militantes. Asumamos esto como seres optimistas que queremos ser y, aún así, una mirada detallada de la Reforma Laboral que el Gobierno nos regaló el 18 de septiembre pasado demuestra que está llena, regadita, de mentiras o "fraudes". Lo que aquí se expone son unas ideas básicas extraídas de un seminario en el que un experto en Derecho Laboral nos describió el proceso de elaboración de la reforma, sus objetivos y su contenido. Un ejercicio de retórica y de uso de la falacia  tan soberbio que el propio Aristóteles se quitaría el sombrero (si acaso lo hubiera tenido). 

Dada la extensión del texto (y porque una lleva meses entre juristas y está perdiendo la capacidad de síntesis... si Kapuschinsky levantara la cabeza...) haré dos entradas, una con los antecedentes y el proceso de elaboración y otra con el contenido del texto y sus implicaciones.

Empecemos pues, con el proceso de elaboración, opaco, confuso y poco democrático de la susodicha. Estrenaba el PSOE su primera legislatura cuando, el 8 de julio de 2004, proclamó la "Declaración para el Diálogo Social", un acuerdo en el Gobierno se aliaba con la patronal de empresarios, CEOE, y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, con el triple objetivo de lograr la "competitividad, el empleo estable y la cohesión social". El cuarteto de representantes se embarcó en un proceso negociador en el que la práctica totalidad de la sociedad civil quedó al margen.

El llamado "diálogo" se prolongó durante la primera legislatura y la primera mitad de la segunda sin arrojar resultados. De repente, en el auge de una crisis que ahogaba al Ejecutivo y las serias amenazas (por no decir chantajes) de los organismos políticos y financieros internacionales, el 12 de mayo de 2010 el Gobierno anunció su tristemente famoso paquete de recortes en el gasto social (capítulo aparte que aquí, por espacio, no se puede analizar). Al mismo tiempo, declaró que después de años de diálogo infructuoso, se fijaba una fecha límite para adoptar la reforma laboral, viniendo a decir que ésta se haría en colaboración con todos los actores, o sin ellos.

Y así fue: el 16 de junio de 2010, Rodríguez Zapatero anunció a la sociedad española el Real-Decreto Ley 10/2010, que contenía la reforma del mercado de trabajo. (Conste decir que, según el Tribunal Constitucional, es contrario a la Constitución legislar a golpe de Decreto, dado que éste sólo puede usarse en casos de acuciante necesidad y urgencia, presupuesto que no se da para una reforma laboral). Tal fue la conmoción política que el Gobierno se vio obligado a tramitar el texto en el Parlamento como un Proyecto de Ley, para que los partidos en el Congreso presentasen sus enmiendas a los diferentes artículos. Mientras tanto, la reforma estaba en vigor con carácter temporal y el proceso de tramitación, lejos de ser democrático y de consistir en un debate reflexivo donde la sociedad pudiese meditar y participar en un proceso tan trascendente, se hizo tal que así: rápidamente y en pleno verano, a través de una Comisión que tramitó el Proyecto con "carácter de urgencia" (por derivar de un Decreto-Ley). El nuevo texto fue aprobado el 18 de septiembre de 2010 (Ley 35/2010), apenas tres meses después del Decreto y mientras los españoles intentaban disfrutar las vacaciones en la medida de lo que la dichosa crisis permitía.

De hecho, el carácter tibio e inútil de esta tramitación parlamentaria es evidente al observar que el contenido del Decreto-Ley y de la Ley presentada en septiembre es prácticamente idéntico. 

Los puntos de este contenido se analizarán en la próxima entrada pero, por si aún cupiera duda alguna, adelanto las claves: todo para los empresarios, nada para los trabajadores y en cuanto a su objetivo último, (que era, según insistió el Gobierno, reducir el desempleo), totalmente infructuoso. 

Para terminar esta parte, sin ánimo de desalentar más al personal, sólo cabe afirmar con rotundidad que la frase "esta reforma no toca los derechos de los trabajadores" es una pura falacia o, como dice la RAE, "una mentira o engaño".

Imagen extraída de aquí (artículo de Juan Torres muy recomendable!)