Las falacias de la Reforma Laboral I

"Falacia: 1.f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien."(Extraído de la RAE)

Vamos a presuponer el principio de buena fe en el Gobierno (y en la clase política en general) y vamos, por tanto, a creer que el Presidente Ejecutivo, los miembros de las Cortes y los sindicatos no han querido "dañar", así en crudo, a sus ciudadanos-votantes o militantes. Asumamos esto como seres optimistas que queremos ser y, aún así, una mirada detallada de la Reforma Laboral que el Gobierno nos regaló el 18 de septiembre pasado demuestra que está llena, regadita, de mentiras o "fraudes". Lo que aquí se expone son unas ideas básicas extraídas de un seminario en el que un experto en Derecho Laboral nos describió el proceso de elaboración de la reforma, sus objetivos y su contenido. Un ejercicio de retórica y de uso de la falacia  tan soberbio que el propio Aristóteles se quitaría el sombrero (si acaso lo hubiera tenido). 

Dada la extensión del texto (y porque una lleva meses entre juristas y está perdiendo la capacidad de síntesis... si Kapuschinsky levantara la cabeza...) haré dos entradas, una con los antecedentes y el proceso de elaboración y otra con el contenido del texto y sus implicaciones.

Empecemos pues, con el proceso de elaboración, opaco, confuso y poco democrático de la susodicha. Estrenaba el PSOE su primera legislatura cuando, el 8 de julio de 2004, proclamó la "Declaración para el Diálogo Social", un acuerdo en el Gobierno se aliaba con la patronal de empresarios, CEOE, y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, con el triple objetivo de lograr la "competitividad, el empleo estable y la cohesión social". El cuarteto de representantes se embarcó en un proceso negociador en el que la práctica totalidad de la sociedad civil quedó al margen.

El llamado "diálogo" se prolongó durante la primera legislatura y la primera mitad de la segunda sin arrojar resultados. De repente, en el auge de una crisis que ahogaba al Ejecutivo y las serias amenazas (por no decir chantajes) de los organismos políticos y financieros internacionales, el 12 de mayo de 2010 el Gobierno anunció su tristemente famoso paquete de recortes en el gasto social (capítulo aparte que aquí, por espacio, no se puede analizar). Al mismo tiempo, declaró que después de años de diálogo infructuoso, se fijaba una fecha límite para adoptar la reforma laboral, viniendo a decir que ésta se haría en colaboración con todos los actores, o sin ellos.

Y así fue: el 16 de junio de 2010, Rodríguez Zapatero anunció a la sociedad española el Real-Decreto Ley 10/2010, que contenía la reforma del mercado de trabajo. (Conste decir que, según el Tribunal Constitucional, es contrario a la Constitución legislar a golpe de Decreto, dado que éste sólo puede usarse en casos de acuciante necesidad y urgencia, presupuesto que no se da para una reforma laboral). Tal fue la conmoción política que el Gobierno se vio obligado a tramitar el texto en el Parlamento como un Proyecto de Ley, para que los partidos en el Congreso presentasen sus enmiendas a los diferentes artículos. Mientras tanto, la reforma estaba en vigor con carácter temporal y el proceso de tramitación, lejos de ser democrático y de consistir en un debate reflexivo donde la sociedad pudiese meditar y participar en un proceso tan trascendente, se hizo tal que así: rápidamente y en pleno verano, a través de una Comisión que tramitó el Proyecto con "carácter de urgencia" (por derivar de un Decreto-Ley). El nuevo texto fue aprobado el 18 de septiembre de 2010 (Ley 35/2010), apenas tres meses después del Decreto y mientras los españoles intentaban disfrutar las vacaciones en la medida de lo que la dichosa crisis permitía.

De hecho, el carácter tibio e inútil de esta tramitación parlamentaria es evidente al observar que el contenido del Decreto-Ley y de la Ley presentada en septiembre es prácticamente idéntico. 

Los puntos de este contenido se analizarán en la próxima entrada pero, por si aún cupiera duda alguna, adelanto las claves: todo para los empresarios, nada para los trabajadores y en cuanto a su objetivo último, (que era, según insistió el Gobierno, reducir el desempleo), totalmente infructuoso. 

Para terminar esta parte, sin ánimo de desalentar más al personal, sólo cabe afirmar con rotundidad que la frase "esta reforma no toca los derechos de los trabajadores" es una pura falacia o, como dice la RAE, "una mentira o engaño".

Imagen extraída de aquí (artículo de Juan Torres muy recomendable!)