Las falacias de la Reforma Laboral ( y II)

Falacia: 1 f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien. 

La Reforma Laboral anunciada en septiembre de 2010 no sólo es poco democrática en su proceso de elaboración (esbozado en la entrada anterior) sino que es falsa en su planteamiento y manipuladora en su contenido: resta derechos a los trabajadores y deja amplio margen de acción y decisión a las empresas, construyendo un tejido laboral más débil si cabe y una población en edad activa (aquella que debe cotizar 38.5 años y pagar la pensión a los que hoy, aún, la gozan) cada vez más vulnerable. Vayamos por falacias:

Falacia nº 1: "El objetivo principal de la reforma es mejorar el empleo". En efecto, esta es la finalidad que parecen perseguir los sucesivos gobiernos con una normativa en constante cambio. Hasta la fecha, ningún intento ha dado resultados. Ya en 1984 se modificó la ley para abrir la mano a los contratos de temporalidad, sobre los que pesaba un régimen estricto. Como respuesta, el mercado se lanzó a abusar de la contratación temporal hasta el punto de que, para 1994, los contratos temporales suponían en torno al 30% del total (sin contar los "trabajadores fijos discontinuos" que son, de facto, temporales). Esta medida NO produjo un efecto en la mejora de la situación de los trabajadores españoles. 

Una década después, en 1994, se produjo la reforma más importante hasta la fecha (más, incluso, que la actual). Se insistió en facilitar el contrato temporal y, además, se fomentó la flexibilidad  en el manejo de los trabajadores en contrato indefinido: más facilidad para los despidos por causas objetivas, que no requieren de autorización estatal. En síntesis, esta reforma siguió la tendencia a la desregularización y retraimiento del Estado para dar protagonismo a las negociaciones colectivas.

Ninguna de estas reformas contribuyó a aumentar el empleo sino que empeoró las condiciones de quienes lo obtenían. Asimismo, una causa de este fracaso estriba en que, en gran medida, el nivel de empleo depende de los ciclos económicos que caracterizan a un sistema capitalista como el actual, y no tanto del marco normativo (como demuestra el auge en la contratación desde mediados de los noventa hasta 2008, debido a la burbuja inmobiliaria y financiera.) Lo que éste sí puede hacer es mejorar la "calidad" de los contratos y la situación del trabajador y eh aquí la falacia nº 2:

"La reforma también pretende solucionar los defectos del mercado laboral". De hecho el mercado español es defectuoso, y mucho. Cabe mencionar el acertado diagnóstico de la situación que realizó el llamado grupo de "los cien economistas" el año pasado para acompañar su propuesta de reforma. (Un inciso: aún siendo presentada por economistas de reconocido prestigio, la  finalidad de esta propuesta debe entenderse a la luz de sus últimos promotores: los cien economistas pertenecen la llamada Fundación de Estudios de Economía  Aplicada, FEDEA, que está patrocinada por los principales bancos, petroleras y financieras españoles).

Volviendo al diagnóstico, que sí es acertado, éste describe que el gran cáncer del sistema es el exceso de temporalidad. Contratos de tres, cuatro o cinco meses que no sólo crean inestabilidad e incertidumbre en la vida de cualquier individuo sino que conllevan dos efectos: de un lado, el despido de estos contratos es muy barato para la empresa, con lo que el trabajador se ve constantemente expuesto a un despido improcedente. En segundo lugar, consecuencia de lo anterior, es que durante el periodo de relación laboral el empleado queda en una situación de plena vulnerabilidad. Ser un objeto (laboral) "barato", sujeto a la incertidumbre constante de un posible despido (o la no renovación) deja al individuo sin fuerza negociadora alguna, sin capacidad para decir "esta boca es mía", quejarse de unas condiciones injustas o denunciar una irregularidad. No hablemos ya, claro, de la posibilidad de sindicarse, presentarse a elecciones sindicales o participar en el proceso de política interna de la empresa. El empleado es aquí niente, nothing, keinmal. 

Como corolario, este análisis se completa con lo siguiente: el mercado laboral español está segregado. De un lado, hay una minoría privilegiada formada por aquellos trabajadores que tienen 20 o 30 años de antigüedad, un contrato indefinido y, por tanto, mejores indemnizaciones (aunque hoy día, hasta este punto se pone en duda...) Por otro lado, la gran mayoría en situación de precariedad: tradicionalmente, las mujeres, los inmigrantes y los jóvenes componían este grupo. Hoy día, se expande más y más. 

¿Por qué es falaz la actuación del Gobierno? Sencillamente, porque reforma tras otra no sólo no ha logrado reducir la temporalidad sino que ha dañado aún más a los trabajadores, con medidas como la creación del famoso "Contrato de fomento". Esta modalidad fue lanzada en 1997 con el fin de fomentar la contratación de grupos vulnerables, como las mujeres. Para ello, el Gobierno rebajó la indemnización por despido para estos contratos, de los 45 días por año laboral (que se pagaba en los contratos indefinidos) a 33 días por año. La respuesta de las empresas fue abusar de este contrato, convirtiéndolo en sustituto del modelo indefinido y teniendo, así, una considerable rebaja por cada despido. Más precariedad para el trabajador. La reforma del 2010 insiste en esta fórmula pero antes, la falacia nº 3:

"La ley es eficaz para controlar la temporalidad". Empíricamente falso: la temporalidad se controla a fuerza de supervisar mejor al empleador. Resulta que, hoy día, un 90% de los contratos temporales son fraudulentos. El empleado muchas veces no conoce esta irregularidad y, si lo hace, no se atreve a denunciarla. En cualquier caso, el riesgo para la empresa ante este fraude es casi nulo pues se enfrenta, como máximo, a tener que convertir en fijo al empleado afectado. Al no haber conexión alguna entre el juez que detecta el fraude y el órgano de Inspección de Trabajo, los riesgos de sanción o procesamiento del empleador son casi inexistentes. La primera opción para éste, por tanto, es contratar en temporal, "que si me pillan, ya lo cambio".

4ª Falacia: "Esta reforma no recorta los derechos de los trabajadores" . Las medidas hablan por sí mismas:

- Contra el abuso de la temporalidad, apenas se impone una nueva limitación en la ley (que resulta inocua, como se ha explicado).

-Además, se abarata el despido debido a:

I. La universalización del "Contrato de fomento" de 33 días por año trabajado. Una medida que había sido creada para grupos concretos y, además, en de modo experimental (porque su eficacia no estaba asegurada), ahora es aplicable a todos. Así que, de entrada, se abarata el despido en 12 días.

II. La cofinanciación de esta indemnización. A partir del próximo julio, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), un órgano público,  financiará los despidos a las empresas, sean procedentes o no. Hay quien alega que éste Fondo se nutre de cuotas empresariales y que, por tanto, son ellas mismas las que pagan. De acuerdo pero, en primer lugar ¿por qué debería pagar una empresa responsable pagar el comportamiento improcedente de otra? ¿No las incita esto a  actuar así, "para aprovechar el gasto"? En segundo lugar, lo más importante: de esta manera, el precio por despido para la empresa responsable es menor y, por lo tanto, le será menos gravoso hacer un despido improcedente (de nuevo, menos riesgo para la empresa, más libertad de actuación).

III. Porque ahora hay más causas que entran en el despido objetivo. Por ejemplo, antes la empresa debía encontrarse en situación de pérdidas, ahora sólo "prever posibles pérdidas". El despido objetivo se indemniza con 20 días con año trabajado así que, cada vez más, las empresas podrán pagar sólo 20 días por año en lugar de los 45 que antes correspondía. ¡Son 25 días por año menos que se lleva  el trabajador! Esta medida ya se está aplicando y son muchos los despidos que ya se cuelan por "objetivos" cuando antes no cabía.

Con todo lo dicho, queda un último sarcasmo de quienes defienden que no se tocan los derechos sociales: "estas medidas sólo afectan a los nuevos contratos, luego quienes tengan uno con las condiciones anteriores, mantienen sus derechos, no se les toca". Bien, nos podemos quedar tranquilos, porque estos recortes sólo afectarán a las decenas de miles de personas que cada año se convierten en población activa y, en concreto, a los 4 millones de parados que hoy esperan encontrar trabajo.

Yo me pregunto: si mi padre tenía unos derechos que yo ahora no tengo, considero que ME HAN QUITADO esos derechos. Y como yo, tantos otros. Que no señores, que a mí no me la cuelan.