En una parte del mundo, más de mil obreros de la provincia con más paro de España (y dicen que de Europa) luchan por evitar que la fábrica donde trabajan cierre y pierdan su empleo. Rentabilizan la ira y el miedo que les provoca el inminente desenlace en generar la fuerza con la que, cada día desde hace dos meses, acuden a cortar carreteras después de la jornada laboral en una fábrica sin piezas que montar.
Al otro lado del planeta, familias de algún país en vía de desarrollo (la India quizá, o Filipinas) esperan con ansia la llegada de esa empresa que les dará "cómodos" puestos de trabajo en labores que probablemente serán mejores que partirse la espalda en el campo o las minas. Eso sí, con sueldos "adaptados a la economía de sus países" (lo que se traduce por "una miseria", aunque para ellos probablemente sea una riqueza si lo comparan con lo que ganaban con las cosechas).
Ésta es la paradoja inherente al mundo globalizado en el que nos encontramos hoy. Ejemplos los hay por docenas cada día, pero el de Delphi, la empresa norteamericana que opera en la Bahía de Cádiz y que se declaró insolvente el pasado 20 de Febrero, es el de mayor actualidad en el país.
La declaración de bancarrota era el preludio de la opera buffa que la empresa estaba preparando: la llamada deslocalización.
La polémica que rodea a este acontecimiento podría inspirar el mejor guión de Rossini:
Por una parte, hay ciertas dudas de que la insolvencia que alega la multinacional sea tal. Como ha apuntado el Ministro de Industria, Joan Clos, al menos dos subdivisiones de la fábrica en Cádiz son rentables, ya que tienen mercado en la zona.
Por otra parte, se erige la sombra de las subvenciones recibidas por la empresa. Delphi ha reibido unos sesenta millones de euros del Gobierno español y la Unión Europea desde 1986 para desarrollar proyectos en la planta de Cádiz. Ahora, Clos ha dicho que ve muy difícil que este importe sea devuelto por la empresa si se comprueba cierta su insolvencia.
La estrategia está muy clara: una multinacional se instala en un país (España es un buen candidato al que tomar el pelo), cobra subvenciones para montar una planta en el territorio y, cuando la inversión en la plantilla deja de ser rentable, se marcha a otros países para abaratar costes (Polonia, República Checa o China son habituales destinos de las fábricas de automóviles en la actualdiad).
La tesis, defendida por más de un experto, esconde detrás un drama humano paralelo: por un lado, el de los trabajadores que se quedan en el paro porque "resultan demasiado caros". Por el otro, resulta rentable (literalmente hablando) mantener la diferencia abismal entre los países del primer y del tercer mundo. Estos últimos constituyen la mano de obra barata que permite a empresas como Delphi obtener beneficios a través de la explotación laboral y no de lo que sería lógico y ético: producir bienes de calidad que sean atractivos para el público.
Al final, los que padecen son los mismos, de un lado y de otro: aquellos cuyos escasos recursos no les permiten exigir un trato mejor.
Al otro lado del planeta, familias de algún país en vía de desarrollo (la India quizá, o Filipinas) esperan con ansia la llegada de esa empresa que les dará "cómodos" puestos de trabajo en labores que probablemente serán mejores que partirse la espalda en el campo o las minas. Eso sí, con sueldos "adaptados a la economía de sus países" (lo que se traduce por "una miseria", aunque para ellos probablemente sea una riqueza si lo comparan con lo que ganaban con las cosechas).
Ésta es la paradoja inherente al mundo globalizado en el que nos encontramos hoy. Ejemplos los hay por docenas cada día, pero el de Delphi, la empresa norteamericana que opera en la Bahía de Cádiz y que se declaró insolvente el pasado 20 de Febrero, es el de mayor actualidad en el país.
La declaración de bancarrota era el preludio de la opera buffa que la empresa estaba preparando: la llamada deslocalización.
La polémica que rodea a este acontecimiento podría inspirar el mejor guión de Rossini:
Por una parte, hay ciertas dudas de que la insolvencia que alega la multinacional sea tal. Como ha apuntado el Ministro de Industria, Joan Clos, al menos dos subdivisiones de la fábrica en Cádiz son rentables, ya que tienen mercado en la zona.
Por otra parte, se erige la sombra de las subvenciones recibidas por la empresa. Delphi ha reibido unos sesenta millones de euros del Gobierno español y la Unión Europea desde 1986 para desarrollar proyectos en la planta de Cádiz. Ahora, Clos ha dicho que ve muy difícil que este importe sea devuelto por la empresa si se comprueba cierta su insolvencia.
La estrategia está muy clara: una multinacional se instala en un país (España es un buen candidato al que tomar el pelo), cobra subvenciones para montar una planta en el territorio y, cuando la inversión en la plantilla deja de ser rentable, se marcha a otros países para abaratar costes (Polonia, República Checa o China son habituales destinos de las fábricas de automóviles en la actualdiad).
La tesis, defendida por más de un experto, esconde detrás un drama humano paralelo: por un lado, el de los trabajadores que se quedan en el paro porque "resultan demasiado caros". Por el otro, resulta rentable (literalmente hablando) mantener la diferencia abismal entre los países del primer y del tercer mundo. Estos últimos constituyen la mano de obra barata que permite a empresas como Delphi obtener beneficios a través de la explotación laboral y no de lo que sería lógico y ético: producir bienes de calidad que sean atractivos para el público.
Al final, los que padecen son los mismos, de un lado y de otro: aquellos cuyos escasos recursos no les permiten exigir un trato mejor.
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