Los "huevos" de Rubianes y la libertad de expresión

A veces, se me olvida que estamos en un "Estado democrático de derecho", y eso que nuestros políticos lo repiten día tras día, como aplicados alumnos que recitan ante el maestro la lección bien aprendida. Será que me estoy haciendo vieja (no llevo bien los 22, por lo que veo) y tendré que tomar rabitos de pasa, o quizá el problema sea que no paro de encontrar situaciones paradójicas que me parecerían hilarantes si no fuera porque las encuentro bastante serias.
Hagamos un pequeño ejercicio de lógica (me acuerdo ahora de mi profesora de filosofía de bachillerato): En un Estado democrático, todos los ciudadanos tienen libertad de expresión. Pepe Rubianes es un ciudadano de un Estado democrático, luego Pepe Rubianes puede decir lo que le salga de "lo que cuelga del campanario" (me remito a su famosa frase) sin que nadie le pueda imponer... por ejemplo... 21.600 euros de multa.
Esto que parece un razonamiento sencillo deja de serlo en cuanto entra en juego "la unidad de España". Elemento contra el que, según la Fiscalía, Rubianes atentó en una entrevista que concedió a la cadena catalana TV3 (el escenario del crimen siempre es importante), con la siguiente frase: "Que se metan a España ya por el puto culo a ver si les explota dentro y les quedan los huevos colgando del campanario".
Dejando a un lado las cualidades literarias de la oración, lo que aquí se valora es el contenido. Según la Fiscalía de Barcelona, el actor cometió "ultraje contra la nación española", delito que se recoge en el artículo 543 del Código Penal. Éste dice así: "Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses."
Asimismo, la Real Academia de la Lengua define ultraje como "ajamiento, injuria o desprecio".
No es mi intención cuestionar el Codigo Penal vigente (yo no tengo 21.600 euros para pagar multa alguna) pero sí me gustaría llamar la atención sobre la ambigüedad de los términos empleados en este artículo, y sobre la peligrosa posibilidad de hacer uso del mismo para ejercer la censura.
Según el artículo 20.1 de la Constitución Española, los ciudadanos tienen el derecho "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Evidentemente, hay ciertas limitaciones a este derecho, como el deber de no acometer racismo, xenofobia y otros delitos contra los Derechos Humanos. Pero el prohibir o castigar a una persona por declarar su rechazo al sistema vigente, aunque lo haya hecho en términos "politicamente incorrectos" e incluso groseros, es, a mi parecer, un grave delito que atenta contra la libertad de expresión.
¿Hasta dónde va a llegar la susceptibilidad de este país? La turbulenta situación política en la que nos encontramos ha llegado a unos límites que obligan a las personas a inhibirse cuando desean expresar su opinión. Los que son de derechas tienen miedo de quedar como fascistas; los que son de izquierda, como radicales o totalitarios. Y su temor está fundamentado, según parece, porque realmente hay un riesgo de que el sistema penitenciario te castigue con multas e incluso con la cárcel.
No defiendo que se permita hacer apología del racismo, que se incite al odio contra otras razas o minorías. Tampoco de mi argumentación se debe extraer que desprecie la unidad de España ni que esté de acuerdo con los nacionalismos más extremos, pero ¿qué pasa con los que apoyan estos preceptos? ¿No pueden expresar libremente su opinión? Que yo, por ejemplo, sienta afinidad con ideas más progresistas y socialistas no quiere decir que no pueda aceptar opiniones más conservadoras o mantener una amistad con quienes las defienden.
Las declaraciones de Rubianes expresaban su disconformidad con el sistema español vigente. En el momento en que alguien sea castigado por mostrarse contrario al sistema se habrá llegado a una situación de censura política que nada tiene que ver con un "Estado democrático de derecho".